Por la red nacional de caminos en México circulan aproximadamente alrededor de 46 millones de vehículos, cantidad relevante que involucra la gestión segura de las vialidades para la prevención de accidentes de tránsito, que es ya reconocido como un asunto de salud pública y requiere de políticas destinadas a la mejora de la infraestructura vial y a la adopción de medidas efectivas para incrementar la educación de peatones y conductores.
Si bien se ha reforzado el uso de dispositivos de seguridad como los cinturones, los sistemas de retención de niños así como los cascos de protección, entre otros, que salvan vidas indiscutiblemente, han resultado insuficientes, ya que si bien las cifras anuales de accidentes de tránsito en el país son variables, rondan por los 360 mil accidentes y las colisiones con vehículo automotor están cerca de 245 mil, cifras a las que habría que añadir las colisiones con motociclistas y ciclistas y los atropellamientos, por lo que la cantidad promete ser mayor aún.
Medidas como la adopción de límites de velocidad, mejora de la seguridad de la infraestructura vial, imposición de límites de alcoholemia, así como el incremento de mejoras en la seguridad de los vehículos, son medidas puestas a prueba diariamente. La primera de estas no es del todo aceptada por la población, aunque necesaria ante el crecimiento de población y la mediana educación vial de la misma, aunado a que cada día se incorporan más jóvenes al padrón de conductores, que es un sector vulnerable y frecuentemente envuelto en situaciones de este orden. Los siniestros viales son la primera causa de muerte en niños y jóvenes entre 5 y 29 años de edad, y la quinta entre la población general. Los dispositivos de seguridad, si bien se pueden encontrar en la mayoría de los vehículos, es en los de alta gama donde son de mejor calidad.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México tiene el séptimo lugar a nivel mundial en siniestros viales y el tercero en la región latinoamericana.
El progreso y el desarrollo requieren del transporte por carretera, siendo vital para el crecimiento social y económico, por lo que el abordaje de la problemática presentada requiere estudiar factores vehiculares, carreteros, humanos, institucionales, entre otros, de tal forma que se reconozca que las lesiones causadas por el tránsito son asunto de salud pública, con consecuencias significativas en términos de mortalidad y morbilidad y que la insuficiencia de medidas importantes agudiza el problema.
La responsabilidad es compartida, tanto entre sociedad y gobiernos como en escuelas y universidades, empresas e industrias diversas.
Manejar es una tarea de tiempo completo. Más vale prevenir que lamentar.
