La corrupción la podemos definir como el uso indebido del poder político otorgado para beneficio privado. Tanto los sectores públicos como privados pueden ser infiltrados por la corrupción, pero en particular, la corrupción del sector público (Estado) y sobre todo, aquella que se efectúa de manera institucional, es la que más lastima a la sociedad por sus efectos no sólo patrimonial, sino también de percepción moral. Por lo anterior, el sector público debe estar bajo escrutinio, limitaciones y restricciones rigurosas.
El detalle está en que nuestros gobernantes, aspirantes a gobernantes y funcionarios públicos buscan estar en todo momento fuera del escrutinio, limitaciones y restricciones, por ello vemos casos, sobre todo en estos tiempos electorales, en donde a estos aspirantes a ocupar cargos de gobierno “la historia de la cenicienta les queda corta”. Nuevos empresarios exitosos, herencias de última hora, terratenientes y ganaderos de generaciones y hasta ganadores de lotería, son las “causas” con las que los funcionarios buscan justificar riquezas inexplicables. Ellos han sabido evitar el dicho de “político pobre es un pobre político”.
Hablando en particular de Coahuila, gobernadores, senadores, diputados y presidentes municipales han acumulado riquezas inexplicables. Para ser claro, suponiendo que la edad promedio de nuestros gobernantes es de 50 años y que hubiesen empezado sus actividades políticas a la edad de los 25 años, con un sueldo mensual de gobernador promedio de $210,000 sin que tengan gasto alguno de manutención, renta o adquisición de ninguna especie, habrán acumulado un “ahorro” de $63, 000,000 de pesos o $3, 500,000 dólares.
Desafortunadamente la mayoría de nuestros gobernantes cuentan con bienes y fortunas muy superiores a esto. Casas en fraccionamientos residenciales de millones de dólares, casas en resorts como Mazatlán, Los Cabos o Cancún y además debido a la inseguridad y a sus tratos para “lidiar” con la delincuencia, casas en el extranjero como McAllen, Houston o Miami y no hablemos de sus vehículos con precios que oscilan entre los $700,000 y $2,000,000 de pesos. Muchos de estos políticos sin estudios profesionales o con estudios sólo en derecho, logran lo que pocos: ser exitosos empresarios (sin saber el origen de los recursos para montar su empresa) con habilidades administrativas pocas veces vistas que justifican sus “años de trabajo y esfuerzo duro” recompensado con riquezas que tarde que temprano salen a la luz.
En estos tiempos electorales, ¿qué podemos hacer como sociedad para disminuir la corrupción?
– Solicitar y comprometer a los aspirantes al adelgazamiento de la estructura y burocracia del gobierno, así como la implementación de instituciones fiscalizadoras independientes del gobierno que supervisen la función pública.
– Tener memoria sobre el origen y trayectoria de estos aspirantes, de sus errores y aciertos reales.
– No dejarnos intimidar con amenazas veladas sobre las consecuencias de nuestro voto, como lo es el regreso de la inseguridad y la caída de la economía. Que no nos vendan miedo.
