Los videos y audios presentados por el PAN mostrando la manipulación electoral de programas de desarrollo social en Veracruz para favorecer al PRI en las elecciones de julio próximo entraron en la agenda mediática. Otra vez lo vemos, escuchamos, sabemos, incluso lo podemos probar. Al final, no pasará nada porque ninguno de los delitos electorales en México es considerado grave y las sanciones rayan en lo ridículo. De acuerdo con esto, un delito electoral no afecta “tanto” a la sociedad, por eso no es grave, dicen.
Los delitos electorales en México, de acuerdo con el Código Penal Federal, solamente se persiguen de oficio, esto significa que cualquiera puede denunciarlos pero no hay parte querellante mas que el Estado, esto es el ministerio público, el Poder Ejecutivo Federal, hoy, el PRI. Así, es una cuestión de ganas de los agentes del ministerio público investigar o no, consignar o no, actuar o no. En otras palabras: denunciar y/o exhibir un delito electoral en México es una llamada a misa, va el que quiere.
Las exhibiciones públicas de acciones de este tipo funcionan para todo efecto práctico como alaridos para espantar urracas, poco más. Acabado el incidente, los pajarracos regresarán a hacer lo que estaban haciendo. Adecuar las condiciones operativas de los programas sociales para incluir a gente proclive al PRI y excluir a los adeptos al PAN o de otra franquicia cualquiera; condicionar los apoyos del programa Oportunidades y la venta de leche, coordinar el empadronamiento y reempadronamiento vía cooperación de funcionarios del IFE, etcétera, son algunas de las prácticas que se revelan, otra vez, en los videos y audios. Se ven mal, se ven tramposos y marrulleros pero eso no es un delito y si lo fuera, de alguna manera, no sería grave. La relación costo-beneficio es ampliamente favorable a los llamados “mapaches”.
Así es que, por lo pronto, lo que tenemos enfrente es un simpático incidente de “mapaches en fuga”. “No te preocupes Rosario”, al rato vuelven.
