Es una realidad que las redes sociales se han convertido en plataformas de difusión inmediatas de hechos historicos, pero al mismo tiempo, también es cierto que en multiples ocasiones han sido utilizadas para promover, realizar o difundir acciones negativas.
La política y sus actores, vistos como ejes rectores de la sociedad, se convierten en jugadores principales de redes como Facebook y Twitter.
Un senador de Morena, con gran foco de los medios en sus propuestas, puso sobre la mesa regular las principales redes sociales, entre las que se incluyen las dos más grandes, argumentando que la finalidad será proteger la “libertad de expresión”.
La finalidad es otorgar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la supervición para establecer un marco de suspención y eliminación de cuentas.
El anteproyecto de ley nombró a Facebook, que es utilizada por más del 90% de los internautas en México, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat como redes que serían amparadas por la reforma destinada a “establecer las bases y principios generales de la protección de la libertad de expresión en las redes sociales ”.
El senador encargado de la propuesta es Ricardo Monreal, perteneciente a MORENA fundado por Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México. Miembros del partido, incluído el mandatario mexicano, han criticado acciones de redes como la decisión de Facebook de haber desactivado la cuenta de Donald Trump, aún estando al cargo.
Al momento, líderes de las dos redes sociales más grandes del país se han negado a dar una declaración a favor o encontra, sin embargo otras organizaciones ya comienzan a mostrar su postura, como la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), que declaró su posición sobre el tema al Senador, donde destaca:
- Se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red.
- El proyecto de ley tendría claras implicaciones y riesgos en la libertad de expresión, acceso a la información y procuración de justicia.
- Se afectarían desproporcionadamente a los usuarios, emprendedores y negocios en México, incluyendo los sectores más vulnerables.
- Se crearía todo un entramado legal para restituir cuentas canceladas.
- Atentaría contra lo establecido en el T-MEC en materia de trato nacional, poniendo barreras injustificadas al comercio digital.
- Tendría impactos negativos sobre el desarrollo digital de México.
