Por Sonia Garza
Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), Consejera Nacional de COPARMEX, de COPARMEX NL y de CAINTRA NL.
Una vez más, marzo se pintó de morado para conmemorar las luchas de las mujeres por garantizar nuestros derechos, con la firme convicción de que no puede existir paz ni progreso mientras no se garanticen los mismos derechos entre hombres y mujeres y, por supuesto, que el acceso a la justicia sea una realidad para todas aquellas víctimas de cualquier acción que limite o perjudique su pleno desarrollo.
El 8 de marzo se caracteriza porque, en muchos países, multitudes salen a las calles a exigir a los gobiernos que mejoren las condiciones de vida de la mitad de la población. En este 2023 tuve la enorme suerte de encontrarme en la ciudad que la historia rememora como el lugar en el cual, en 1908, unas 15 mil trabajadoras se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar.
Del 6 al 17 de marzo, la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, y alrededores reciben a miles de mujeres activistas provenientes de diferentes países, con motivo del 67 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés).
En el marco de este encuentro internacional, tuve el honor de ser invitada a participar en el Panel “Mujeres y niñas rurales: empoderamiento como garantía de futuro”, que organiza la Asociación de familias y mujeres del medio rural (Afammer), ONG española con Estatus Consultivo Especial en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas desde el año 2004.
Si bien, el tema prioritario de la edición de la CSW fue la democratización de las herramientas tecnológicas y digitales para lograr la igualdad de género, el planteamiento de este panel fue pronunciarnos por demandar servicios esenciales de educación, empleo, justicia social y salud, ya que en muchos lugares se ha identificado el fenómeno de éxodo rural, siendo las niñas y mujeres fundamentales para mantener vivas las zonas rurales, preservar los territorios y garantizar la seguridad alimentaria. De no proteger los derechos y garantías de las mujeres rurales no habrá forma de hablar de desarrollo sostenible en el mundo.
Con la cercanía de la revisión de las metas de los Objetivos de la Agenda 2030, permea una seria preocupación de que éstos deberán replantearse y reprogramarse, debido a que a tan sólo siete años faltan para el 2030, desafortunadamente existen más pendientes que logros.
Aun cuando las sociedades tengamos capacidad de resiliencia, las secuelas por el Covid-19, los problemas medioambientales, los choques diplomáticos, las crisis económicas son de dimensiones complejas, dado que, para colmo, incrementan las desventajas de desarrollo de las mujeres y es un foco rojo que debemos alertar si de verdad queremos que el mundo se transforme para bien, haya prosperidad y un futuro que nos convenga. Marzo ha quedado atrás, pero no los problemas de desigualdad, discriminación, justicia en todas dimensiones.
No le demos la espalda a la imperante reflexión sobre las desigualdades persistentes y el camino que queda por recorrer. Hoy más que nunca se requieren inversiones cuantiosas, voluntad verdadera y sinergias eficaces para lograr el desarrollo inclusivo y justo, en memoria de quienes nos antecedieron, por nuestras hijas y las futuras generaciones. Está bien recordar, conmemorar, pero estaría mucho mejor comprometernos y accionar.
