Por Dr. Abraham Mendoza Andrade
Vicerrector General de Investigación de la Universidad Panamericana.
Al inicio de cada año, es habitual que realicemos proyecciones sobre lo que el futuro podría deparar para nuestras regiones, el país y el mundo. Este año, México se encuentra en un punto crítico, preparándose para enfrentar uno de los periodos con mayores expectativas en su historia reciente.
Nos encontramos ante el desafío de demostrar la fortaleza y la madurez de nuestra democracia en el contexto de unas elecciones presidenciales que prometen ser un tema central en la conversación pública y que, sin lugar a dudas, dominarán gran parte de la agenda mediática. Estos eventos no solo captarán la atención inmediata, sino que también tendrán un impacto significativo en la trayectoria de desarrollo del país a largo plazo.
Hace unos días tuve la oportunidad de escuchar una videocolumna del ex-secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Menciona que las expectativas económicas y de potencial desarrollo para México son favorables. Nuestro país cerró siendo el mayor exportador hacia EU, por encima de China y Canadá. La inversión extanjera y la inversión privada han crecido de manera notable en los últimos meses.
A pesar de estos avances, México enfrenta retos significativos en áreas como el consumo y la inversión pública. Un aspecto crítico es la distribución inadecuada de la inversión pública, que se ha concentrado en unos pocos proyectos “insignia” de este gobierno, dejando de lado otras necesidades imperantes.
No obstante, es notable la atracción de la inversión privada que ronda alrededor del 20% del Producto Interno Bruto (PIB). Es en este contexto donde surge una oportunidad extraordinaria para el país: el fortalecimiento de la educación mediante la inversión privada. Esta vía no solo complementa las iniciativas públicas, sino que también puede ser un catalizador para el desarrollo educativo integral, abriendo nuevos horizontes para la capacitación de alto nivel, el crecimiento y la innovación en México.
Es bien sabido que la inversión en educación es un pilar fundamental para el desarrollo y progreso de cualquier país. A menudo, el gasto público y el consumo se consideran como los principales motores del crecimiento económico, pero sin una base educativa sólida, estos factores son insuficientes para impulsar un desarrollo sostenible y equitativo.
Por consiguiente, es esencial que la iniciativa privada, en sinergia con el ámbito académico y diversos sectores sociales, emprenda la tarea de identificar y abordar los desafíos y problemas críticos que enfrenta nuestro país. Esto requiere la creación de una cultura que valore y priorice la educación.
Al trabajar juntos, estos sectores pueden desarrollar estrategias más efectivas y exhaustivas que no solo reconozcan los retos actuales, sino que también establezcan soluciones innovadoras y sostenibles.
Además, la educación es un motor de crecimiento económico. Estudios han demostrado que un aumento en el nivel promedio de educación de la población conlleva a un crecimiento importante en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, debido a una mejora en la productividad y la eficiencia de los trabajadores; lo que a su vez aumenta la competitividad de las empresas y la economía en su conjunto. Además, la educación detona la creatividad en las personas, un elemento clave para la innovación.
La educación es crucial para reducir las brechas sociales y económicas. Da la oportunidad a personas de diferentes estratos sociales para que mejoren su calidad de vida y su nivel socio-económico.
Esto constituye un factor importante para la disminución de la pobreza en una sociedad, ya que al invertir en educación, se proporcionan las herramientas necesarias para que los individuos puedan obtener empleos mejor remunerados y contribuir de manera más efectiva a la economía.
Finalmente, la educación es fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática y participativa. Ante las circunstancias políticas que nos rodean y el clima derivado de las contiendas presidenciales, una población educada está en mejores condiciones para tomar decisiones bien informadas, así como entender y defender sus derechos.
Volviendo al tema económico. El gasto público y el consumo no garantizan el desarrollo a largo plazo. Por un lado, el gasto público, necesario para proveer infraestructura y servicios esenciales, puede ser ineficiente si no se complementa con una inversión en capital humano. Por otro lado, el consumo puede impulsar la economía a corto plazo, pero requiere de una base educativa que sustente los avances tecnológicos y mejoras en la competitividad a largo plazo.
Por lo tanto, la inversión en educación no solo es esencial para el crecimiento económico, sino también para la construcción de una sociedad más equitativa y democrática.
A pesar de que los gobiernos no parecen reconocer que la educación es una inversión en el futuro de un país, es imperativo que la iniciativa privada y los distintos agentes del ecosistema educativo de nuestro país unan esfuerzos para mantener esta causa en prioridad. Los beneficios de contar con una población bien educada supera con creces los costos necesarios.
Como lo menciono anteriormente, un país que invierte en su educación pone las bases para un desarrollo sostenible y de largo plazo, para construir una sociedad más equitativa, democrática y participativa. Y, quizás lo más importante, invertir en educación garantiza la formación del talento de aquellos capaces de aspirar y contribuir a la construcción del gran país al que está llamado a ser México.
