Lee la columna más reciente de Josue Lavandeira en nuestra edición de agosto 2024.
En México, tenemos varias tareas pendientes cuando hablamos de las adecuaciones necesarias en la legislación nacional para atender a problemas técnicos y tecnológicos que se presentan como consecuencia natural de la cada vez más estrecha integración de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en nuestras vidas.
México, aún no cuenta, por ejemplo, y después de varios ensayos, con una ley de ciberseguridad. Es decir, que las personas que son víctimas de delitos digitales en México, frecuentemente tienen que presentar denuncias aduciendo al fondo del delito y no a la forma, la cual, en la mayoría de las circunstancias en que estos ocurren, es fundamental para entender la dinámica mediante la cual se presentan estas actividades delictivas.
Uno de los elementos de TIC más críticos y transformadores hacia el futuro de nuestras sociedades, es la Inteligencia Artificial, y aunque, desde el Senado de la República se ha creado ya una Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, para buscar proponer respuestas legislativas a la necesidad de cubrir los huecos legales, que ya existen, y que, seguramente se incrementarán con el uso de IA en nuestras vidas, y con ello, las capacidades para su mal uso con intenciones delictivas por parte de quienes se dedican a aprovecharse de esta falta de normativa adecuada.
Cada vez más, las TIC son el principal habilitador para el acceso a una educación de alta calidad. Poder contar con dispositivos con acceso a Internet, así como con herramientas de Inteligencia Artificial que permitan potenciar las capacidades educativas de las personas, y de las instituciones del Sistema Educativo Nacional, será un elemento crucial en el desarrollo de la política educativa hacia el futuro en nuestro país, y en el mundo entero.
La OCDE, estima que los datos y tecnologías digitales están entre los más poderosos impulsores de la innovación educativa, ofreciendo una amplia gama de oportunidades para la gestión de sistemas y centros escolares, así como de enseñanza y aprendizaje.
Pero también crean nuevos retos de políticas, mientras los países enfrentan problemas para obtener los beneficios de la digitalización en la educación y minimizar sus riesgos.
Nuestra realidad educativa nacional, exige la existencia de un andamiaje legal, sobre el cual podamos explotar los beneficios de las TIC, y particularmente, de las herramientas de Inteligencia Artificial, para maximizar los beneficios de aprendizaje de las personas desde la primera infancia y hasta la educación profesional para toda la vida.
La brecha normativa entre los sistemas educativos de alto desempeño y el mexicano, puede acelerar su cierre si contamos con las estrategias pedagógicas y de preparación docente adecuadas que maximicen el uso de las TIC para la optimización de los aprendizajes fundamentales.
Para que esto último pueda ocurrir, es necesario que ocurran dos cosas:
Primero, que nuestra sociedad proponga al órgano legislativo nacional, iniciativas de leyes y normativas que armonicen las realidades sociales de México relacionadas con el uso de las TIC, con el aparato normativo nacional y las facultades del poder judicial para atender a las realidades digitales de México.
Esta normativa, deberá ser suficientemente amplia para atender a todos los realismos y a todos los posibles usos y malos usos de las TIC en México, en el entero de los sectores sociales y en los ámbitos públicos y privados.
Y segundo, que exista una política integral de aprovechamiento de las tecnologías en la educación y de formación docente para el uso de las TIC en su práctica pedagógica.
