Debido a las modificaciones de la Ley de Movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara donde se regulará la circulación del transporte de carga en la ciudad, comerciantes del mercado de abastos se mostraron inconformes y advirtieron un incremento de hasta el 20% en precios de los alimentos de consumidor final.
Esta nueva reforma restringirá el acceso a los camiones de carga en la ZMG a ciertas horas para ayudar al tráfico de la ciudad. Sin embargo, transportistas podrán adquirir un permiso facultado por el Instituto Metropolitando de Planeación (Impelan).
Salvador Hernández Navarro, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA), declaró que esta nueva regulación afectará a 40 millones de habitantes de México que son donde se distribuyen alimentos desde la central de abasto en Guadalajara. Los estados afectados serían Colima, Nayarit, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur y San Luis Potosí.
Para poner en números la afectación que esto tendrá se tomo en cuenta que el mercado de abastos en Guadalajara moviliza alrededor de 21,000 toneladas de alimentos recibiendo diariamente alrededor de 60,000 personas.
“¿Quién va a pagar ese incremento en los fletes?, ésta es una afectación directa que va, además de la cadena de suministro, va directamente a la canasta básica de los productos”, apuntó Hernández Navarro para El Economista.
“Solamente un tema: ¿dónde van a realizar sus necesidades fisiológicas? En el macrolibramiento, que es la solución anunciada por todo mundo, debo decirles que no hay un solo baño, un sanitario, no hay una gasolinería de servicios, no hay nada, y no hay seguridad. ¿A dónde están orillando entonces al sector del autotransporte que es una industria fundamental en el desarrollo de este estado?”, comentó Manuel Sánchez Benavides, vicepresidente de la Conatram.
Por su parte, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco afirmó que las nuevas regulaciones se harán efectivas a partir del primer día del 2020.
“No hay ningún compromiso ni necesitamos pedirle permiso a nadie para tomar las medidas en beneficio de la ciudad. El tema está ya en el Congreso y será el Congreso el que determine la redacción final, las reformas a la legislación”, concluyó Enrique Alfaro.
