Firma de primer nivel González Cortés Abogados La firma González Cortés Abogados, Investigación y Práctica Legal, fundada en 1988 por José Santos González Suárez, concentra más de tres décadas de experiencia y es liderada por los abogados José Santos González Cortés, Reynaldo González Cortés y David González Cortés.

Su atención se centra en asesoría en materia fiscal y trámites administrativos, así como litigio en diversas ramas del Derecho, tales como Amparo, Civil/familiar, Mercantil, Penal, Administrativo y Fiscal. Actualmente sus servicios abarcan en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y en la Ciudad de México.

FRENTE AL 2021

¿Cómo y cuáles son las principales herramientas que ofrece el despacho a empresas para protegerse frente a una demanda?

Contamos con abogados especialistas en cada materia con preparación a nivel posgrado y amplia experiencia en contiendas judiciales; con conocimiento pleno de estrategia legal, asesoría y preparación del cliente, defensa jurídica, e interacción con los funcionarios públicos.

Ante las modificaciones y actualizaciones aplicadas a la Ley este 2021, ¿cuáles son los ‘focus points’ para protegerse al momento de hacer negocios?

Tanto personas morales como personas físicas tendrán que modificar las estrategias utilizadas para cumplir con sus obligaciones fiscales ante el endurecimiento de las normas hacendarias para combatir la evasión y defraudación fiscal y para acabar con el esquema de subcontratación de personal (‘outsourcing’).

Los comerciantes deberán además poner atención especial en los términos y condiciones de los contratos y convenios de los que sean parte y privilegiar la renegociación y mediación en materia de interpretación de actos jurídicos, ya que los efectos colaterales que en materia económica ha producido la pandemia que nos aqueja ha creado condiciones especiales para incumplir con obligaciones contractuales.

CASO DE ÉXITO

Una reconocida empresa del ramo inmobiliario se enfrentó a una resolución emitida por la autoridad hacendaria a través de la cual se le pretendía cobrar una cantidad estratosférica a causa de una supuesta omisión en el pago de contribuciones federales. La autoridad hacendaria concluyó que la contribuyente había omitido declarar ingresos para efectos del cálculo del Impuesto Sobre la Renta y fincó a ésta un crédito fiscal millonario.

La firma optó por promover el juicio contencioso administrativo federal en contra de la resolución correspondiente e incorporar a la demanda conceptos de impugnación novedosos en materia de inconvencionalidad.

Esto generó que los juzgadores desaplicaran la norma utilizada por la autoridad hacendaria para restar eficacia al dictamen formulado por el contador público certificado y fiscalizar directamente a la moral contribuyente, con lo cual fue nulificada la resolución determinante del crédito fiscal. Esta decisión fue confirmada en última instancia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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